La gestión del Centro de Adolescentes Infractores (CAI) de Guayaquil enfrenta una grave crisis tras las denuncias presentadas por madres de familia y los propios adolescentes internos. Los relatos señalan un ambiente de violencia sistemática, donde se reportan golpes, torturas y castigos físicos inhumanos contra los menores bajo su custodia.
Además de la agresión física, las familias han denunciado condiciones precarias que incluyen el hambre y la entrega de alimentos en mal estado. El aislamiento como método de control también ha sido mencionado como una práctica recurrente, lo que ha generado un clima de temor e indignación en los sectores afectados.
Estas acusaciones ponen bajo escrutinio la administración actual del centro y exigen una intervención inmediata para garantizar los derechos de los adolescentes. Como ciudad porteña, Guayaquil no puede tolerar estas prácticas; se requiere transparencia y acción firme por parte de las autoridades competentes para resolver esta situación crítica.
