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El Pleno de la Judicatura suspendió 30 días al juez del caso Goleada por faltas en otro proceso. La sanción no afecta el juicio principal ni sus plazos.
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La Procuraduría denunció a Pabel Muñoz ante el TCE por una infracción electoral. Las penas pueden incluir multas de hasta 50 salarios básicos, destitución y suspensión de derechos políticos por un año.
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El Presidente Daniel Noboa dialogó en Chengdú (Sichuan) con la gobernadora Shi Xiaolin y Wang Xiaohui para profundizar la cooperación comercial, según boletín oficial.
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Más de 53.000 precandidatos a cargos locales en el Guayas pasan por revisión documental; los partidos tienen vía legal para corregir errores.
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La Alcaldía de Balzar, presidida por Dolores Cabrera, invita a los contribuyentes a acudir al Departamento de Rentas para pagar adeudos y continuar con la legalización de terrenos, canon de arrendamiento y bienes mostrencos.
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La Comisión Interventora explicó los obstáculos del proceso electoral de la UAGRM ante la Asamblea Nacional, calificándolo de 'nudo crítico' y generando cuestionamientos sobre su avance.
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El juez Jairo García avanza con el caso Goleada al instalar la audiencia, tras descartar la inmunidad electoral de cuatro acusados y rechazar la suspensión del proceso legal.
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El exalcalde Jaime Nebot se pronunció sobre la intervención del Gobierno de Daniel Noboa al sistema de videovigilancia de Segura EP, detallando los puntos clave del conflicto institucional.
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El uso de inteligencia artificial en los spots electorales permite a candidatos visualizar ciudades ideales, pero expertos advierten sobre la importancia de entender la intención detrás de estas imágenes artificiales.
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El CNE recibió más de 53 mil inscripciones; las Juntas Provinciales del Guayas ya verifican requisitos para alcaldes y concejales de las próximas elecciones seccionales.
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Abelardo de la Espriella entregó a la Fiscalía un informe de 135 páginas con 82 denuncias contra el gobierno de Petro, organizadas en expedientes sobre presuntas irregularidades.
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En la audiencia preparatoria del caso Goleada, las defensas solicitaron la nulidad de actuaciones por exceder el plazo legal de 120 días en la instrucción fiscal.